Cas­tañeda había sido con­de­nado por el Tri­bunal Oral Fed­eral 6 por la “sus­trac­ción de obje­tos des­ti­na­dos a servir de prueba a autori­dad com­pe­tente en forma reit­er­ada –dos hechos– a cua­tro años e inhab­il­itación espe­cial por el doble del tiempo de la condena”.

El ex comis­ario fue denun­ci­ado por la sus­trac­ción de dis­quetes y pelícu­las fotográ­fi­cas obtenidos en dos allanamien­tos real­iza­dos días después del aten­tado, uno de ellos a la casa del ex acu­sado Car­los Tel­leldín en la local­i­dad bonaerense de Villa Ballester.

Además, se lo con­denó por la sus­trac­ción de 68 casetes con graba­ciones de escuchas tele­fóni­cas hechas a Tel­leldín, que esta­ban en poder del POC y desaparecieron.

La Cámara de Casación rec­hazó un planteo de pre­scrip­ción de la causa judi­cial al con­sid­erar que Argentina adhirió a pactos inter­na­cionales que la obligan a cas­ti­gar este tipo de delitos.

Los jue­ces entendieron que la con­dena estuvo bien apli­cada en base a “la nor­ma­tiva inter­na­cional” que hace prevale­cer el “reconocimiento del dere­cho a la ver­dad que cor­re­sponde a todas las víc­ti­mas”, algo que el accionar de Cas­tañeda obstaculizó.

La inves­ti­gación por la pér­dida de prue­bas se abrió en forma para­lela a la causa cen­tral por el aten­tado a la mutual judía de Pas­teur 633, que causó 85 muer­tos el 18 de julio de 1994.