Por el doc­tor Raúl Piag­gio *
No me parece mal que las autori­dades de las local­i­dades de Ramada Paso, San Cosme y Lavalle instalen radares móviles en la Ruta Nacional 12 (radares “caz­abo­bos”) aun cuando este puesta en duda su legal­i­dad y proce­den­cia en rutas nacionales, a los efec­tos de que con­duc­tores desapren­sivos sean san­ciona­dos con fuertes mul­tas por atrav­esar los frentes de las pobla­ciones a altas veloci­dades con sus vehícu­los.
Lo que si veo con desagrado y cier­tas pavura es que no se señal­i­cen los acce­sos con grandes carte­les y anun­cios, sor­pren­di­endo a los via­jeros de zonas lejanas (tur­is­tas), que no advierten la exis­ten­cia de de tales supues­tas urban­iza­ciones y en cortísi­mos tramos, mil o dos mil met­ros se obser­ven pequeños carte­les e inmedi­ata­mente por sor­presa se encuen­tran con los referi­dos radares.
Lógi­ca­mente en detri­mento de los via­jeros de zonas lejanas ya que todos los lugareños cono­ce­mos de esas bur­das man­io­bras locales, que se desvirtúan valiosas insti­tu­ciones y no logran evi­tar ni pro­te­ger los bienes jurídi­cos para los que han sido creadas o se imple­men­tan (pro­tec­ción de vidas humanas y seguri­dad vial).
Una de las misiones más trascen­dentes del Estado con­siste en ase­gu­rar el orden jurídico nor­ma­tivo cas­ti­gando medi­ante san­ciones o penal­i­dades a quienes infrin­gen dicha nor­ma­tiva. Entre esas san­ciones están aque­l­las de tipo pat­ri­mo­nial (por ejem­plo: mul­tas) que son presta­ciones pecu­niarias coac­ti­va­mente exigi­das a los par­tic­u­lares para reprimir las acciones ilíc­i­tas, para resar­cir el daño a la colec­tivi­dad que sig­nifica el imped­i­mento o la tur­bación en la acción estatal y para intim­i­dar a los trans­gre­sores a los fines de que no cometan nuevas infrac­ciones san­cionables.
La Corte Suprema de Jus­ti­cia ha dicho que el Estado no puede apun­tar a la con­sid­eración de las mul­tas como fuente de recur­sos fis­cales, si bien acce­so­ri­a­mente lo son. (Caso “Miras”, en “D.F.”, XXIV, 579)
Pero volviendo al caso con­creto de las citadas local­i­dades pareciera que las autori­dades no se encuen­tran intere­sadas en pre­venir acci­dentes y evi­tar las trans­gre­siones del con­duc­tor, sino que pre­sumo, el obje­tivo –clara­mente recauda­to­rio– es sor­pren­derlo hacién­dolo vio­lar la ley u obligarlo a realizar una ries­gosa man­io­bra (si es que no quiere infringir la ley) con­sis­tente en la vio­lenta reduc­ción de la veloci­dad, con todos los ries­gos que ello implica como choques en cadena por ejem­plo.
Si bien lo que más me resulta sor­pren­dente e ina­cept­able es que frente a la local­i­dad de Ramada Paso y al otro lado del poblado y al mar­gen de la ruta se encuen­tra una escuela a la que asiste gran can­ti­dad de alum­nos y obvi­a­mente en algunos horar­ios, a la sal­ida y entrada de la misma, la ruta está cubierta de chicos. Frente a este cuadro no cabe menos que pre­gun­tarnos, es que el Munici­pio pre­fiere poner en riesgo la vida de esos alum­nos no poniendo grandes carte­les anun­ciando el poblado, inten­tando una mayor recau­dación de dinero por mul­tas?
¿Es posi­ble que se anteponga ante el máx­imo bien jurídico, esto es la vida, el obje­tivo de la recau­dación? ¿No esta­mos ante una sub­ver­sión de bienes jurídi­cos ina­cept­a­bles?
Espero que esta nota sirva para hacer reflex­ionar a las autori­dades con poder de decisión sobre el par­tic­u­lar para situar al bien jurídico más impor­tante, la vida, en el lugar que corresponde.

Fuuente: Diario El litoral

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