Ejerce control y otorga licencias, es cierto, pero mediante la autoridad de aplicación que estará compuesta no solo por el poder ejecutivo, puesto que previo a la media sanción del proyecto de Ley fue modificado el artículo 14º, ahora es autárquico y a su vez estará integrado tanto por oficialistas como opositores.
En este procedimiento de revisión de licencias o de aplicación de sanciones también se prevén audiencias públicas.
Pensar que las licencias se darán en los términos que mencionas sería un preconcepto carente de sustento y muy probablemente erróneo previendo que la Ley deberá reglamentarse de modo tal que quedarán establecidos los parámetros y procedimientos que regirán los criterios de otorgamiento y rechazo de las licencias.
Al día de hoy las licencias se otorgan en base a negociaciones que se realizan en el COMFER.
Otro hecho indiscutible también es que si se establecen regulaciones sobre los servicios resulta imprescindible contar con un órgano de control.
Creo que tu opinión sobre la presunta inconstitucionalidad de la Ley es equivocada. Por el contrario, se está subsanando un vacío legal que convertía en letra muerta esos párrafos de la Constitución, quedando a interpretación de las empresas en virtud de su conveniencia, las cuales lejos de cumplir con determinadas condiciones legales para adquirir un medio de comunicación, lograron la concentración a través de su enorme poder económico convirtiéndose en dueños y señores de la expresión en todas su formas pudiendo así manipular, fuera de todo parámetro regulatorio, la opinión pública.

Suerte.

4) Sol, ¿más peligrosa es la concentración de los medios en el Ejecutivo? primero que eso es una interpretación errónea. En todo caso, no es más peligrosa la concentración en intereses privados? Pienso que por un lado existe de parte de los opositores a esta Ley, una gran preocupación de que el actual Gobierno pueda atribuirse una victoria política de amplio consenso social. Por otra parte se delata un gran celo por defender a ultranza y a cualquier precio el derecho a la propiedad privada, aún cuando esta tiene como patrimonio el derecho a la información de un país entero.

1) No creo que sea un proyecto de Ley modelo, sin duda podría ser mejor. Claro que para ello haría falta más tiempo y mayor debate parlamentario. Pero, qué marco político sería necesario para que una Ley semejante pueda obtener un tratamiento más extenso?
Como ya se dijo, desde 1983 al día de la fecha se presentaron cerca de 70 proyectos orientados a reemplazar en forma total o parcial el vigente Decreto-Ley de la dictadura. Una diputada opositora explicó claramente las razones que evitaron la sanción de los sucesivos proyectos. En cada caso fue “la forma” el principal obstáculo. Como denominador común faltó un elemento fundamental: Voluntad Política.
Ahora denuncian que el oficialismo busca sancionar la Ley en forma autoritaria. Estoy de acuerdo en que si hay un reglamento debe respetarse, pero también creo que es válido forzar al máximo posible los procedimientos formales cuando estos son empleados por una parcialidad del congreso con fines dilatorios, obstaculizando sospechosamente su tratamiento en el recinto. Sobran antecedentes para fundamentar esa sospecha. Resulta irritante que denuncien que se violentó el reglamento después de pretender ignorarlo al exigir la implementación de audiencias públicas por todo el país cuando el reglamento establece una cantidad determinada de audiencias a realizarse dentro del Congreso.
Hoy a diferencia de otros años contamos con la voluntad política del oficialismo, la cual está motorizada por su rivalidad con el Grupo Clarín. Respeto a esto opino que en la política (y hablo de la política que nos incumbe a todos) es muy importante el sentido de la oportunidad. Como podemos ver, sobran elementos para ver que fuera de este contexto político es muy probable que esta Ley no tenga posibilidades de prosperar. Este proyecto representa un valioso avance como para someterla nuevamente al riesgo de que sea archivada.

2) Con respecto a la autoridad de aplicación pregunto: ¿Por qué siempre que se atenta contra los privilegios establecidos de las empresas privadas aparecen sectores que conciben la regulación de los servicios por parte del Estado como autoritario? ¿Se comprende que el Estado es patrimonio de todos y su autoridad prevalece por encima del Gobierno de turno?

(continúa en el siguiente post)