La infor­ma­ción ver­tida en esos sitios por parte de los usuar­ios, los expone a peli­gros como robo datos, extor­siones, secue­stros, trata de per­sonas. Sumado a esto se encuen­tra la indifer­en­cia por parte de quienes mane­jan estos sitios, de con­tro­lar los aspec­tos legales, pre­ocu­pa­dos más en con­tro­lar los aspec­tos téc­ni­cos que jurídi­cos, dejando vul­ner­a­bles a quienes se reg­istrán allí.

Según un estu­dio real­izado por la Ofic­ina de Comu­ni­ca­ciones de Gran Bre­taña, los usuar­ios de las redes no se pre­ocu­pa­ban por los ries­gos que con­ll­eva pub­licar allí datos per­son­ales o dejar per­files abier­tos, exponién­dose a hechos delictivos.

Una car­ac­terís­tica de estos sitios es la de com­par­tir con­tenidos (videos, fotos, pro­gra­mas, infor­ma­ción, etc) con la final­i­dad de adquirir nuevas amis­tades, vin­culán­dose con otros usuar­ios, pero este “com­par­tir” hace que se pase de pro­tag­o­nista a pri­sionero o rehén de la red.

Los con­tratos que se cel­e­bran en estos sitios, son con­tratos están­dar, donde las empre­sas se encuen­tran en una posi­ción dom­i­nante y ven­ta­josa respecto del par­tic­u­lar, el cual sólo podrá “acep­tar” o “rec­hazar” las cláusu­las o “tér­mi­nos del ser­vi­cio”, no pudi­endo cam­biar­los. Se viola así el prin­ci­pio de igual­dad jurídica, pre­sente en todo con­trato. En dichos con­tratos de adhe­sión, no les está per­mi­tido a los usuar­ios nego­ciar el acuerdo, sim­ple­mente deben acep­tar­los, o rec­haz­ar­los quedán­dose así afuera.

Es por ello nece­sario cuidar la propia pri­vaci­dad no difun­di­endo números telé­fon­i­cos, cole­gio, domi­cilio, fotos per­son­ales o famil­iares. El éxito en la pro­tec­ción de la pri­vaci­dad es una com­bi­nación de respon­s­abil­i­dad y con­cien­cia del usuario.

Fal­los con­tra Facebook

Recien­te­mente la jus­ti­cia de la provin­cia de Men­doza ordenó a la red social Face­book, el cierre de pági­nas que alenta­ban a rateadas masi­vas en cole­gios, bus­cando que los ado­les­centes fal­tasen sin autori­dad de los padres a las escuelas.

La decisión fue fun­dada en el artículo 5 de la Ley 25240 de Defensa del Con­sum­i­dor, mod­i­fi­cada por la Ley 26361, donde se  establece que las cosas y ser­vi­cios deben ser sum­in­istra­dos o presta­dos de forma tal que, no pre­sen­ten peli­gro para la salud o inte­gri­dad física de los con­sum­i­dores y usuar­ios. Se buscó de esta forma evi­tar posi­bles daños que podían darse con acti­tudes como la que fomentaban.

Se hace ref­er­en­cia tam­bién en dicho fallo a la fun­ción que hoy cumplen las redes sociales, per­mi­tiendo la lib­er­tad de expre­sión, dere­cho que no debe ejercerse en detri­mento de la nece­saria armonía con los demás dere­chos con­sti­tu­cionales, como ser la inte­gri­dad moral y física de las per­sonas.