Las redes sociales han cam­bi­ado la forma de comu­ni­carse, ganando desde el 2008 pop­u­lar­i­dad entre los usuar­ios de Inter­net. El aumento con­sid­er­able de miem­bros, ha hecho no sólo que se incre­menten las rela­ciones lab­o­rales, sino tam­bién los deli­tos vin­cu­la­dos a ellas.

Recien­te­mente los deli­tos xenó­fo­bos, tanto en redes como en pági­nas web, ha pre­ocu­pado a las autori­dades. Miguel Ángel Aguilar, fis­cal con­tra la Homo­fo­bia de Europa, informó que en los últi­mos años se pro­dujo un aumento con­sid­er­able de causas por deli­tos de incitación al odio y a la dis­crim­i­nación en redes como Facebook.

Una razón para que estos deli­tos aumenten es el anon­i­mato de usuar­ios, además los admin­istradores de dichos sitios, sue­len no residir en el país

Otro de los deli­tos en aumento son los deli­tos sex­u­ales con­tra menores, los cuales fueron conec­ta­dos por los agre­sores a través de las redes.

La prin­ci­pal difi­cul­tad que enfrentan las autori­dades es el anon­i­mato, que difi­culta las tar­eas de inves­ti­gación delict­ual. Movimien­tos incen­ti­vando a matar o atacar a per­sonas, son dirigi­dos tanto a ciu­dadanos comunes como a fun­cionar­ios, como el grupo de Face­book que incitaba a matar a Berlus­coni, o el que fue armado para agredir a una menor de 10 años.

La posi­bil­i­dad de crear un per­fil falso, man­te­niendo oculta la ver­dadera iden­ti­dad, hace difi­cul­tosa la tarea a la hora de averiguar quién o quiénes son los respon­s­ables. Además cuando la red se encuen­tra rad­i­cada fuera de la juris­dic­ción, el trámite se hace más com­plejo, con­vir­tién­dose muchas veces en inmanejable.

Sin embargo, pese a estas difi­cul­tades que se pre­sen­tan, no es cierto que nada pueda hac­erse. Las ame­nazas, dis­crim­i­nación, incitación a la vio­len­cia, con­fig­u­ran deli­tos tip­i­fi­ca­dos por nue­stro Código Penal, lo que cam­bió es el medio en donde estas con­duc­tas se lle­van a cabo.

Argentina está adherida a la Con­ven­ción de Budapest, tratado que se encarga de reg­u­lar los deli­tos que se lle­van a cabo a través de tec­nologías de la infor­ma­ción y la comu­ni­cación (TIC), además incor­poró a través de la ley 23. 388 al Código Penal, la tip­i­fi­cación de vio­lación a la cor­re­spon­den­cia electrónica.

La respon­s­abil­i­dad debe sur­gir de los usuar­ios, encar­ga­dos de brindar en dichos sitios infor­ma­ción per­sonal, más allá de la pro­tec­ción legal que puedan tener.